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Comentarios sobre seguridad ciudadana

Gral.(r) Víctor Alberto Delgado Mallarino[*]

Dossier

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PALABRAS CLAVE

seguridad, nacional, ciudadana, Colombia

Son numerosas las encuestas de opinión que suelen realizarse para conocer qué piensan las personas sobre la problemática que las rodea, en especial, en relación con la seguridad. En las respuestas se refleja la angustia que flota en todos los ambientes como resultado del aumento de la criminalidad y de actos que afectan la pacífica y tranquila convivencia, tanto en zonas rurales como urbanas, todo lo cual nos permite hablar de la existencia de una cultura de la violencia.

Cuando las personas, naturales o jurídicas, pueden adelantar sus actividades, cuando sin temor a sufrir menoscabo o daño físico, psíquico, social, político, cultural, moral o patrimonial pueden ejercer responsable y libremente sus derechos y libertad, podemos afirmar que tenemos segundad ciudadana .

Es indudable que la sociedad se siente segura cuando quienes la integran, sin excepción alguna, pueden cumplir sus labores cotidianas en un ambiente de respeto a la ley, sin sentir temor, viviendo la "sensación" de estar protegidos permanentemente y cuando se respeta el ordenamiento social y existe respeto mutuo.

Lamentablemente, por las circunstancias que vivimos, existe la tendencia a reducir la categoría de seguridad ciudadana a su dimensión de integridad física. Como anotamos anteriormente, esta categoría de ninguna manera es la única y el ver la angustia con la que hoy se demanda su vigencia, nos indica la precariedad de nuestra condición ciudadana y el estado de descomposición de la sociedad. Sin duda alguna, esta situación está impidiendo el desarrollo del proceso de construcción de una verdadera convivencia social.

Más allá de una dimensión limitada a la "integridad física", la seguridad ciudadana incluye la seguridad jurídica, la seguridad social, la defensa del principio de legalidad, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, el respeto a los derecho civiles y políticos y el derecho a tener condiciones económicas y sociales que permitan el desarrollo de todas las potencialidades. En síntesis, la seguridad debe entenderse en su más amplio sentido y no restringirla al simple aspecto físico.

La casuística y el inmediatismo han iluminado nuestra legislación en materia penal y la planificación relacionada con la seguridad.

Parece que lo importante es producir "sensación de seguridad", para lo cual se adoptan medidas efectistas pero incapaces de dar verdadera solución a una problemática cada día más compleja .

Se habla de política criminal para referirse a los temas relacionados con el código penal, con el procedimiento penal y con el sistema penitenciario, para concluir en la necesidad de estructurar una estrategia "antidelictual". En no pocas ocasiones se tiende a la criminalización de nuevas conductas, al aumento de penas, y a cambios de poca profundidad, con los que se supone poder controlar el aumento del delito y conseguir modificar el panorama de la inseguridad en el país.

De esta manera a lo más que hemos llegado es a constituir un Consejo de Política Criminal que trata únicamente temas relacionados con la criminalidad en sus diversas formas y con la manera de combatirla. No hemos logrado estructurar una verdadera Política de Seguridad Integral que es mucho más que ésto.

El art. 2o de la Carta Política de Colombia establece: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo: Las autoridades de la república están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

No cabe la menor duda que de este mandato se desprende la noción de orden público de la cual se debe partir para hablar de seguridad, convivencia ciudadana y paz. Se crea en las personas y se apoya en un Estado y en unas instituciones que existen para la garantía y protección de condiciones que permitan la realización de las mismas personas. Por tanto es un orden público que no se orienta en razón de Estado, sino en razón de la persona.

Educar, instruir, estimular y dirigir la comunidad para que el ejercicio responsable y ordenado de la libertad se manifieste en mayor respeto a la seguridad, al orden, la moral pública, las libertades y derechos fundamentales de los demás, al principio de autoridad, constituye función prioritaria de las autoridades, a todos los niveles.

El orden público así considerado no puede ser entonces un objetivo, sino el resultado de una buena, efectiva y real acción del Estado, lo que solo se puede conseguir estructurando una verdadera política de seguridad integral.

Lucha contra la inseguridad

El sentimiento de inseguridad no siempre tiene bases en una situación real, pero arraigado en la comunidad se convierte en factor de angustia difícil de erradicar.

Son frecuentes las ocasiones en que el temor al delito y a la violencia ha llevado a la adopción de medidas represivas que no han servido para eliminar o controlar fenómenos que requieren soluciones más profundas.

Los factores impulsores de la delincuencia, son los que deben orientar a las autoridades en la selección de criterios y medios a emplear para enfrentar la lucha contra el delito, la contravención y la violencia, con posibilidades de éxito.

No se trata de erradicar totalmente la criminalidad. Esto resultaría utópico por cuanto la contravención y el delito son fenómenos sociales ligados a la existencia misma de la sociedad. Lo que debe pretenderse es conseguir control de los factores negativos.

En la lucha contra el delito y la violencia no es suficiente pensar en la utilización de los organismos de seguridad. En forma simplista, en ocasiones se plantea que el sólo fortalecimiento de la Policía, en medios humanos o materiales y con la expedición de medidas represivas de carácter penal o policivo, puede conseguirse controlar y disminuir la criminalidad.

Tal forma de pensar no conduce a remediar los problemas que generan inseguridad.

En el prólogo de Colombia al filo de la oportunidad comenta Gabriel García Márquez: "Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan" Esta afirmación tiene plena validez en el tema que nos ocupa.

Política de Seguridad Integral

Si queremos asumir en forma seria y responsable el problema de la inseguridad y la violencia, debe buscarse, a través de la investigación, el estudio y análisis permanentes y continuos de los fenómenos sociales, elementos de juicio suficientes para trazar una política de seguridad integral, que permita diseñar estrategias, tácticas y medios sociales adecuados para conseguir control óptimo de la criminalidad y violencia.
Esta política , entre otros aspectos debe abarcar:
-El conocimiento profundo de los fenómenos delictuales y contravencionales y de las características y tendencias de la criminalidad. Para ello deben utilizarse métodos modernos de investigación y el aporte de todos los sectores de la comunidad.

-Legislación penal y de policía armónica, actualizada, adecuada y estable; alejada de criterios casuísticos e inmediatistas.

-Organización, coordinación y control de todos los sistemas de justicia, seguridad y de la aplicación de las sanciones o medidas correctivas, evitando roces y tensiones que sólo benefician a los delincuentes y desestimulan a la comunidad.

-Integración, por razones de coherencia y eficacia, de la planificación de seguridad integral a la planificación general del país.

-Igualmente, debe incluirse el concepto de seguridad integral como un área estructurante en los planes de desarrollo local.

-En la formulación de una Política de seguridad integral, deben diseñarse sistemas de seguimiento y control esenciales para hacerla eficaz.

Es indispensable para conseguir el éxito, la. participación, colaboración, e integración de la comunidad en la solución de los problemas que la afectan. Es responsabilidad del Estado brindar seguridad y mantener el orden público, pero corresponde también la colectividad contribuir, en la medida de sus posibilidades, al esfuerzo de conseguir la paz.

Debe reflexionarse que para combatir la delincuencia y la inseguridad que tiene origen en múltiples causas, hay que trazar una Política de seguridad integral. Soluciones parciales sólo sirven para eternizar los problemas, hacerlos crónicos y deteriorar la imagen de las autoridades ante la comunidad.

Se han trazado muchos programas respecto a la comunidad, pero los resultados nos indican que se requiere una acción más efectiva y práctica que, a la vez que vincula y hace participe a la comunidad en la política de seguridad integral, estimule las relaciones entre ésta, las autoridades, la Fuerza Pública y los servicios públicos.

La tan anhelada y necesaria integración entre sociedad y autoridades, en materia de seguridad, sólo será posible en la medida en que se diseñen, implanten y desarrollen auténticos "modelos de participación" en los que partiendo de unos objetivos colectivos, formulados de manera concertada en función de las características y necesidades de la población, sea posible identificar plenamente el grado de participación y por ende, de responsabilidad de quienes en él intervienen.

Algunos requisitos de una Política de Seguridad Integral

No es mi intención, en estas cortas líneas diseñar en detalle lo que podría ser una Política de seguridad integral, pero no quiero dejar de comentar otros aspectos que considero importantes para su desarrollo. Nos hemos demorado mucho en la adopción de medidas de fondo para combatir la inseguridad en todos sus aspectos. Creo que la situación que vive el país no da mucha espera para que, de una vez por todas, asumamos esta responsabilidad:

a) Una Política de seguridad integral debe considerar medidas de prevención, continuas y permanentes, para combatir todas las condiciones (factores criminógenos) que ponen en peligro a la comunidad y alteran la convivencia pacífica.  Lo anterior debe comprender políticas económicas y sociales, educativas y culturales, de salud, vivienda y urbanismo, de comunicación y participación social, de recreación, de servicios básicos, de justicia, de seguridad (en todos los órdenes), capaces de crear y fortalecer el espíritu comunitario, el sentido de pertenencia al país y la solidaridad social. Como puede deducirse, una Política de seguridad integral no puede confundirse con una política simplemente antidelictual. Como he venido insistiendo, es mucho más que ésto.

b) Es indispensable diseñar normas penales y de policía para el control y sanción de delitos y contravenciones, de acuerdo con análisis, estudios y observaciones que permitan diagnósticos objetivos y seguros. Esto únicamente es posible mediante el seguimiento riguroso de la evolución de los fenómenos sociales lo que sólo puede hacerlo un organismo multidisciplinario (abogados, médicos, sicólogos, antropólogos, ecologistas, economistas, etc.), que funcione técnica, adecuada y permanentemente y contando con la dinámica de una justicia que sea una verdadera palanca para el desarrollo, no simple administración de justicia y la existencia de instituciones y organismos capaces de aplicar técnica y convenientemente sanciones y correctivos.

c) El concepto del orden público, concebido como se comentó anteriormente, debe integrarse a la filosofía y acción de todos los servicios públicos. La criminalidad y la violencia no son producto exclusivo de factores sociales y económicos tales como la pobreza y las desigualdades, pero éstas influyen notablemente en su generación. Por tanto debe tenerse en cuenta todo aquello que pueda contribuir a crear o estimular factores criminógenos (entorno de la inseguridad), que afectan el orden público y deterioran el ambiente del país. Estimo que estamos en mora de estructurar una verdadera Política de seguridad integral. Tradicionalmente los asuntos relativos a la seguridad y a la criminalidad se han encargado a profesionales del derecho y la medicina. La complejidad del problema nos indica que debe  buscarse la participación de otros profesionales y técnicos. 

El organismo creado para adelantar los estudios e investigaciones que sirvan de base y marco para trazar una verdadera Política de seguridad integral no podría ni debería reunirse esporádica o periódicamente. Debe ser permanente, eminentemente técnico y que cuente con el apoyo del Estado, la comunidad, la Universidad, etc., que requiera para el cumplimiento de su misión.

Lo urgente no debe seguir primando sobre lo realmente importante. Estoy cierto que la creación e implementación de un organismo de investigación y estudio requiere tiempo y esfuerzo y que su desarrollo y el fruto de su trabajo no se podrá apreciar en muy corto tiempo, pero las experiencias vividas en otros países y la profundización sobre la problemática de Colombia en materia de seguridad, nos debe llevar a decisiones de fondo, serias y responsables, que nos permitan contar con elementos de juicio objetivos sobre los cuales podamos planear estrategias y tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Creo que vale la pena intentarlo.

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[*] Gral (r), exdirector general de la Policía Nacional, consultor.«« Volver